Impuesto a los plásticos de un solo uso: otra mentira del gobierno Colombiano.

Es evidente que en las últimas décadas el problema de los residuos plásticos se ha convertido en uno de los conflictos medioambientales más difíciles de manejar, que requieren de estrategias novedosas, llamativas y que permitan reducir los altos niveles de afectación en un corto periodo de tiempo. Según un estudio realizado por la Universidad de los Andes y la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública en colaboración con Greenpeace, la magnitud del problema de la contaminación por plástico en el país es una de las principales dificultades, siendo las cifras quienes dejan en evidencia la magnitud de la situación al reflejar que cada hogar colombiano llega a producir un promedio de 4,5 Kilos de basura al día (En solo la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, se suelen procesar aproximadamente 6.300 toneladas de basura al día).

Desde hace ya más de 6 años y con el supuesto fin de ayudar a frenar o manejar está situación, el gobierno colombiano decidió implantar el pago de un impuesto para las bolsas plásticas en todas las compras que realicen en grandes superficies y supermercados, conocido como: “El impuesto para el plástico de un solo uso”; un impuesto que espero no sea igual al “temporal impuesto” del 4×1000 que ya cumple 24 años y que tenía como objetivo ayudar a la reconstrucción de la devastada capital quindiana de Armenia luego del terremoto que la destruyó. Cómo todo en el país, nunca se supo que pasó con el objetivo inicial y que décadas después, es solamente un impuesto que engorda las rebosantes arcas bancarias (Al momento de escribir está columna, por fin se debatía en el congreso la posibilidad que sea derogado ¡Ojalá se dé el milagrito!).

Es de resaltar que las estadísticas han mostrado que son necesarias las medidas para disminuir el consumo de dichos plásticos de un solo uso. De acuerdo con el mismo gobierno: Únicamente se recicla el 17% de los residuos, existen 124 municipios que no cuentan con sitios de disposición adecuados siendo vertidos estos desechos en el ecosistema.

“Se establece que el Gobierno Nacional debe reglamentar un mecanismo de compensación del impuesto propuesto, de forma que se generen incentivos para la innovación y el reciclaje, ayudando a cumplir las metas de la economía circular establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible” indica el Ministerio de Hacienda. Cómo siempre las justificaciones y supuestos objetivos suenan de lujo, pero cuando llevamos años de falsas promesas y “elefantes blancos” por todo el país donde se proyectaron plantas de tratamiento de aguas residuales como En Banco (Magdalena), o mejoramiento de cuencas en otros tantos municipios, nos damos cuenta que todo se ha quedado en planos u obras inconclusas porque la corrupción es uno de los mayores enemigos del medio ambiente.

Duele saber que pasará de nuevo, que ese dinero que se recauda y recaudará no se verá reflejado en hechos reales, al contrario, seguiremos en manos de grandes compañías que priman sus objetivos mercantiles sobre las efectivas políticas de manejo de residuos o de gases; y ni siquiera hablemos del gobierno que asiste a Glasgow 2021 (COP26) con un discurso totalmente diferente a lo que hace en el país… o más bien a lo que NO hace. Al día de hoy los páramos siguen en riesgo por las intenciones de la Mega Minería y el aumento de la frontera Agrícola, todo esto mientras el abandono estatal rifa nuestros bosques.

Alexander Barrera Sánchez.

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